Los Andes se ven frecuentemente afectados por eventos de sequía debido a su compleja topografía y alta variabilidad hidroclimática espacial y temporal. Este es el caso del Altiplano en el sur del Perú, donde las sequías afectaron 460, 000 agricultores durante el período 1982/83 y cuyas pérdidas económicas en Perú y Bolivia se estimaron en $ 128 millones. En las últimas dos décadas, las sequías han provocado la pérdida de cultivos, mortalidad del ganado etc., afectando a pequeños productores agrícolas y poblaciones urbanas.
Una reciente investigación del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en la región del Altiplano, documenta que para el período 2034-2064 habría un incremento de la intensidad (~ 5 %) y frecuencia (~ 20 %) de las sequías meteorológicas. Ante potenciales impactos futuros, las investigaciones recomiendan desarrollar estrategias de adaptación que conduzcan a la reducción de tales impactos sobre población más vulnerable y sus sensibles sistemas naturales. En el Perú, la formulación de estas estrategias son expresadas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), las cuales se constituyen como la respuesta, para reducir los impactos ante el cambio climático. El cual es descrito en el Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático.
Con fines de prevención, la NDC en el sector Agua identifica “La implementación de Sistemas de Alerta Temprana ante sequías en cuencas vulnerables”. Asimismo, las NDCs también priorizan: “Siembra y cosecha de agua” e “Implementación de infraestructura hidráulica (reservorios y sistemas de riego)”, las cuales son las más referenciadas y usualmente se incluyen en los Planes de Desarrollo Regionales concertados.
Aunque la generación de infraestructura resulta altamente relevante, investigaciones recientes indican que la clave para una política de adaptación eficiente y efectiva es ser consciente de las limitaciones de las NDCs. Por ello, es importante reconocer a la “Economía” como herramienta que ayuda a la toma de decisiones ante las amenazas del cambio climático. Se propone una evaluación económica (costo –beneficio) a las estrategias de adaptación que son implementadas, para finalmente puedan ser valoradas en la planificación y cuyos resultados deben ser informados a los tomadores de decisiones.
Otro aspecto clave, es el desarrollo de investigaciones que generen nuevos conocimientos que permiten prevenir eventos hidroclimáticos extremos como las sequías y sus impactos. Por ejemplo, durante las sequías 2005, 2010 y 2016, la frecuencia de incendios forestales se incrementó severamente (400 %) afectando ecosistemas de montaña. En el IGP seguimos haciendo Ciencia para protegernos, Ciencia para avanzar.
