Los expertos indicaron que ese proyecto de Ley, aprobado por el Gobierno en octubre, es una amenaza al principio de transparencia que debe respetar todo Estado democrático.

Concretamente, el relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión, Frank La Rue, explicó que no se puede clasificar información que sea de interés público.

Lamentó que el borrador incluya penas de hasta diez años para los funcionarios que filtren secretos oficiales y para los periodistas que difundan la información.

Por su parte, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Anand Grover, que visitó Japón tras el desastre de Fukushima, señaló la necesidad de transparencia en contextos de emergencia.

Grover indicó que tras una calamidad “es esencial garantizar que el público dispone de información coherente y puntual que le permita tomar decisiones vinculadas con su salud”.

Agregó que “los estándares de derechos humanos establecen que el principio de máxima transparencia debe guiar las decisiones de las autoridades públicas”.

Originalmente publicado en https://news.un.org/feed/view/es/story/2013/11/1288091